El Vaticano corrige estatutos de la Universidad Católica del Perú.

La problemática que se viene desarrollando hace varios meses entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede ha llegado a los niveles de que el dialogo entre el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y la casa de estudios superiores no ha llegado a alguna solución. La santa Sede se ha visto en la necesidad de enviar a una autoridad mayor, el visitador Apostólico, para así mejorar las relaciones y llegar a un punto de convergencia.

Este desacuerdo tiene sus raíces desde el 2009, donde la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), envió por voluntad propia al Vaticano, los estatutos de este centro superior de estudios para su aprobación.

Los puntos de divergencia entre estas dos instituciones se dan principalmente en la elección del rector de la universidad  y la declaración de pertenencia de los bienes que seria de la universidad o de la iglesia.

En su defensa la PUCP, a través de su rector Marcial Rubio, dice que la acción de elección del rector lo decide la Asamblea Universitaria. Rubio recordó que esta figura cambió con la Ley Universitaria de 1969 y de 1983.La respuesta del abogado del arzobispado, Natale Amprimo, sostiene que según la Ley de Universidades tiene una cláusula en la que especifica que la norma no colisiona con las reglas que rigen las universidades católicas, la cual las normas señalan claramente que el episcopado peruano tiene derecho a participar en la vida de la universidad a través del Gran Canciller (que en este caso es el arzobispo de Lima).

Ante la postura de la pertenencia de los bienes de la universidad, esta declara que los bienes de la Universidad no son eclesiásticos ni regidos en tal condición por el Derecho Canónico, sino que se rigen por las leyes peruanas. Según el artículo 17 de la Carta Orgánica de la Universidad Católica, “en caso de disolverse la institución, sus bienes pasarán al Arzobispado de Lima, que los destinará a la enseñanza”.

Ante esto, Amprimo subraya que la PUCP es considerada un ‘bien eclesiástico’ y la no aceptación implicaría una disputa jurídica. La pérdida de nombre implicaría ir a una disputa judicial.