lunes, 23 de julio de 2012

LA EDUCACIÓN PERUANA EN EL SIGLO XX
Debido a la importancia histórica de los inicios del 1900 y de la revolución tecnológica que alcanzó grados impensables después del segundo conflicto mundial, se ha dividido el siglo XX en dos etapas:
ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN (1901 – 1941)
La educación primaria y secundaria. Pasada la etapa de la guerra con Chile, se inició la reconstrucción de la educación nacional impregnada por una definida orientación extranjera mediante la adaptación de modelos europeos. Esta orientación vino, en sus comienzos a través de la escuela francesa.
El 09-03-1901Durante la presidencia de Eduardo López de Romaña, se promulgó la ley orgánica de instrucción. Esta ley dividió a la enseñanza en Primera, impartida en escuelas de primer y segundo grados; Segunda, en colegios y liceos; y Superior, en universidades e institutos superiores. Este dispositivo legal duraría solo 9 meses, lo que nos indica como los intereses políticos eran más fuertes que los pedagógicos.
Según esta ley, se instauró una institución educativa perteneciente al modelo francés: el liceo, en el que, junto a las asignaturas de cultura general, se debía enseñar otras como agricultura, comercio, industrias y artesanías. Los liceos debían ser para los educandos de la clase media y para los estudiantes de los departamentos del interior del país. Fueron discriminatorios y en la práctica fracasaron. La educación secundaria se daba en dos ciclos, de 4 y de 2 años cada uno.
La ley declaraba que el magisterio era carrera pública, no obstante discriminaba a los docentes: los de primaria eran preceptores y los de secundaria profesores y con más jerarquía. Aunque no lo decía específicamente, establecía la coeducación y dio gran importancia a la educación particular. Para la formación de preceptores de uno y otro sexo se mandó erigir seis Escuelas Normales, cada una de las cuales con su respectiva Escuela de Aplicación.
El 07-01-1902 se volvió a dar una nueva Ley Orgánica de Educación. Este dispositivo y otros posteriores se enmarcaron dentro de los lineamientos propuestos en la polémica que a inicios de este siglo sostuvieron sobre materia educativa los doctores Alejandro Deustua y Manuel V. Villarán, representante, el primero, de la “mentalidad del civilismo feudal, de los encomenderos virreinales”, y el segundo, del “programa del civilismo burgués y, por ende, demoliberal”, como muy bien anota José Carlos Mariátegui. Deustua representa la reacción del viejo espíritu aristocrático encubierto por concepciones idealistas modernas, y Villarán la concepción liberal capitalista. Este último fue uno de los mentores de la ley de 1901.
La Ley de 1923 fue la que inspiró A. Deustua, concepción aristocrática. Calcó el modelo anglosajón, reprodujo el College norteamericano y creó las secciones preparatorias de Ciencias y Letras. Suprimió la división entre colegios  y liceos. Patrocinó el enciclopedismo, el intelectualismo, el memorismo y la enseñanza de lenguas como latín, inglés y alemán en solo 4 años. La ley, era completamente inaplicable, por lo que pronto se pensó en el establecimiento de otra reforma educacional.
Un aspecto importante de esta etapa fue la creación de la Escuela Normal de Varones de Lima en el gobierno de José Pardo. Todas las anteriores disposiciones sobre el particular habían quedado en el papel; desde las primeras décadas del siglo XIX se había venido insistiendo sobre la necesidad de tener una institución encargada de formar a los maestros peruanos. Esta institución naciente tuvo ilustres directores como Isidoro Poiry y J. Mac Knight, quienes transmitieron a sus alumnos planteamientos progresistas como que “educar no es rezar ni enseñar, es predicar”, y que no se podía lo científico a los dogmas, ni al Estado, ni a la Iglesia. Esta Escuela fue recesada en 1933.
En el gobierno de José Pardo, también se promulgó la Ley N°162, la que a pesar de tener sólo 22 artículos, constituyó una norma con principios demográficos, económicos, administrativos y pedagógicos. Se preocupó bastante por la educación primaria, que debía proporcionar las técnicas instrumentales básicas; creó las inspecciones provinciales de enseñanza; desarrolló una política centralista n la educación y declaró la gratitud de la enseñanza primaria.
Los dos periodos de Leguía (1908-1912 y 1919-1930) marcaron el inicio de la penetración norteamericana en el terreno educativo. Así, como en la opinión de Deustua, el problema capital era educar a las clases dirigentes, se nombró en 1910 una comisión encargada de elaborar un proyecto de ley orgánica de educación primaria y secundaria bajo la presidencia de Villarán y con el asesoramiento de Edwin Bard, jefe de la misión norteamericana. La comisión entregó el proyecto encomendado en 1913, junto con otro, destinados a crear una facultad de educación en San Marcos. Pero estos no fueron discutidos hasta 1917, año en que el Congreso nombró otra comisión, siempre bajo la presidencia de Villarán. Esta nueva comisión evaluó su informe en 1919, el mismo que fue modificado y mutilado por E. Bard, tomado nuevamente como asesor del gobierno. El proyecto original tenía una orientación nacionalista: defendía la administración educativa de las influencias políticas, creaba las direcciones regionales y confirmaba la docencia como carrera pública.
El proyecto, modificado por Bard, fue promulgado como Ley N° 4004, en 1920.e nuevo dispositivo desconcertó a nivel nacional, pues el sistema educativo primario y secundario se convirtió en un caos. La ley fue objeto de muchas enmiendas, las que no contribuyeron a resolver los problemas, sino más bien a agravarlos. La misión Bard, que no conocía la realidad nacional y trató de introducir algunos moldes norteamericanos, concluyó siendo un fracaso pedagógico.
En 1924 se promulgó un nuevo Reglamento de la Dirección General de Enseñanza que trató de orientar la educación peruana a través de los planes de estudio y centralizando la marcha administrativa y pedagógica. Y en 1930, José A. Escalante, ministro del ramo, puso en vigencia otro Reglamento Orgánico de Instrucción, creando direcciones como las de Educación Indígena y Educación Artística. En 1935, en base a la “Reforma Escalante”, se creó recién el Ministerio de Educación Pública en forma independiente. Por otro lado, la Constitución de 1933 reunió en un solo título las disposiciones referentes a la educación pública, en sus artículos que van del 71 al 83. Asimismo durante los períodos del gobierno de Leguía se desarrolló enormemente la educación privada.Dentro de esta perspectiva Pedro Labarthe fundó el Colegio Lima y se crearon otros como el English Institute de Barranco y el St. Josephs College del Callao, en 1909; el Colegio Alemán, en 1910; el Lima High School, en 1921; el Colegio Champagnat; el de La Salle en 1926, y otros. Sólo los nombres de los colegios nos indican la tónica que iba adquiriendo la educación peruana.
La educación universitaria. La ley de 1901 señalaba que la educación superior correspondía a las universidades Mayor de San Marcos y a las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa. Se hablaba de una enseñanza superior libre, pero bajo el control del Consejo Superior de Instrucción. Los docentes debían ser nombrados por períodos de 5 años y no podían ser admitidos como tales personas que habían sido influidas por la prédica de González Prada (contrario a los intereses del civilismo).
Cada universidad podía elegir a sus autoridades, devolviéndose así este derecho a las universidades Menores. Se reconocieron las facultades de Jurisprudencia, Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en todas las universidades) y Teología, Medicina y Ciencias Políticas y Administrativas (en San Marcos). Se autorizó la matrícula de las mujeres en ellas y se negó validez oficial a la enseñanza superior particular.
La actitud de la Generación del Novecientos se hizo presente a través de la crítica que en 1907 formulara don José de la Riva Agüero a la universidad tradicional. La acusaba de ser sólo una fábrica deficiente de profesionales y burócratas. Manifestaba que sólo instruía cuantitativamente, con un conjunto de asignaturas que recargaba la labor del estudiante y fomentaba el memorismo, sin propiciar el diálogo entre alumnos y docentes. No se preparaba, en consecuencia, los profesionales que el país necesitaba.
Más tarde, en base al Centro Universitario, se formó la Federación de Estudiantes cuya primera directiva, elegida el 3-7-1917, estuvo presidida por Fortunato Quesada e integraba por delegados del Cusco y de Trujillo, que eran José Orihuela y Víctor Raíl Haya de la Torre, respectivamente. En este período histórico se dio inicio a impulsar e incrementar los conocimientos científicos y las tendencias literarias modernas, por medio de conferencias.
En este mismo año se fundó la Universidad Católica del Perú por gestiones del padre Jorge Dintilhac, quien sería después su primer rector. Con la fundación de esta institución se inició en el país la enseñanza universitaria particular.
Son tiempos en que la discusión política empezaba a desarrollarse con cierta fuerza dentro de los claustros universitarios, pues se avizoraban cambios en el horizonte.
La primera movilización universitaria de trascendencia se dio en la universidad del Cusco. Determinados reclamos académicos y administrativos la habían impulsado. Si bien es cierto que este movimiento consiguió solo algunas concesiones, los estudiantes lograron expulsar de los claustros universitarios a catedráticos de reconocida incapacidad y de ideas conservadoras. Esta acción estudiantil provocó la reacción del gobierno, quien clausuró la universidad el 28-08-1909. Su reorganización su encargada a un docente norteamericano, Alberto Giesecke, quien después de un minucioso trabajo re reordenamiento académico y administrativo, la entregó al gobierno. Éste, luego del trabajo realizado, decretó su reapertura el 10-11-0909. Tres años más tarde se editaba el primer número de la Revista Universitaria del Cusco.
El estudiantado universitario peruano captó el mensaje reformista de la universidad de Córdova, y en las páginas de la Razón Mariátegui publicaba e hizo publicar artículos a favor de los cambios de la universidad sanmarquina. Se llegó a declarar la primera huelga de la Federación de Estudiantes el 02-08-1919 y se nominó a Víctor Raúl Haya de la Torre como su presidente, quien en 1920, en el Cusco, dirigió el primer Congreso Nacional de Estudiantes, aprobándose en esta oportunidad la creación de las universidades Populares “González Prada”.
Estos hechos separaron al gobierno de la universidad. Surgieron las cátedras libres y delegados estudiantiles asistían a las sesiones del Consejo Universitario. José A. Encinas -promotor de las reformas de 1931- y Carlos E. Paz Soldán fueron los primeros delegados estudiantiles de San Marcos.
La ley de 1920 indicaba como instituciones de educación superior a la universidad Mayor de San Marcos, a las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa, a la universidad Particular Católica del Perú y a la universidad de Escuelas Técnicas.
San Marcos quedaba con sus seis facultades de principios de siglo y las Menores con las de Filosofía, Historia y Letras, Ciencias Físicas y Naturales y Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas.
La universidad de Escuelas Técnicas estaba formada por 5 escuelas superiores: de Ingenieros, Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes Industriales y Comercio, debiendo organizarse en un futuro las dos últimas.
Frente a la agitación universitaria desarrollada con mucha razón y justicia, el gobierno de Leguía decretó la reorganización de San Marcos el 31-05-1921; la misma que, gracias a la presión existente, fue reabierta el 22-03-1922. Los estudiantes en alianza con la clase trabajadora, continuaron su lucha reformista. La movilización en contra de la consagración del Perú al Corazón de Jesús fue una muestra de ello.
En esta situación de cambios reformistas, a propuesta de Luis Miró Quesada, se creó una sección Pedagógica en San Marcos con la finalidad de preparar docentes de segunda enseñanza. Esta sección, antecesora de la futura Facultad de Educación, funcionó hasta 1928 y fue reabierta en 1931.
Muchos de los intelectuales peruanos que bregaban a favor de la >Reforma Universitaria (cogobierno, cátedra paralela, derecho de tacha, asistencia libre) fueron desterrados. En esta coyuntura, el 23-08-1928 se proclamó un nuevo estatuto universitario, según el cual el ministro del ramo controlaría totalmente la institución universitaria y fueron sus normas completamente autoritarias.
Con Leguía se repuso la Ley Orgánica de 1920 y se nombró una Comisión de Reforma Universitaria en octubre de 1930, dictando Sánchez Cerro un estatuto Provisorio el 06-02-1931. Este estatuto reconocía el cogobierno a través de delegados estudiantiles de cada Facultad y Escuela ante el Consejo Universitario.
En estas circunstancias, el 20-03-1931, José A. Encinas asumió el rectorado de San Marcos al derrotar en esas elecciones a Víctor A. Belaúnde. El pensamiento reformista penetró plenamente en San Marcos, Encinas, identificado con el pensamiento de la Reforma Universitaria, realizó entre otras, las siguientes acciones. A nivel, estableció un Plan de Estudios Generales (conocimientos básicos de ciencias y letras). Estudios Profesionales y de Especialización o Investigación. Las asignaturas, según el criterio de cada Facultad e Instituto, podrían ser obligatorias y electivas. Creó el Instituto Nacional de Antropología. La universidad empezó a trabajar como una verdadera comunidad de docentes y discentes, la vida académica y cultural se desarrolló enormemente. Pero como un desenvolvimiento de la universidad de este tipo no convenía a los intereses políticos existentes, la Universidad San Marcos, fue clausurada en 1932 y Encinas, deportado. Sin embargo, el poco tiempo de su rectorado sirvió para demostrar la validez e importancia del pensamiento reformista universitario que se ha difundido en el país.
De 1932 a 1935 la Universidad Mayor de San Marcos cumplió únicamente funciones administrativas. Se reabrió casi paralelamente a la dación del Estatuto Universitario promulgado por Oscar R. Benavides el 28-06-1935. Este nuevo estatuto, de corte autoritario, suprimió la mayor parte de las conquistas que se habían logrado en San Marcos con Encinas en 1931, y además su Facultad de Teología pasó a depender directamente del Seminario de Santo Toribio.
ETAPA DE TECNIFICACIÓN  (1941 – 1978)
a.-  Educación primaria y secundaria: En estos niveles educativos siguió vigente, aunque con varias modificaciones, la ley de 1920. La creación independiente de un ministerio exclusivo del ramo en 1935, la reapertura del Instituto Pedagógico Nacional de Varones en 1940 –luego de su clausura en 1932- y la creación de un Instituto de Experimentación (de métodos pedagógicos), son indicios del desarrollo de un nuevo proceso de reforma.
Efectivamente, al asumir el poder Manuel Prado, representante de un sector oligárquico nacional, encargó la cartera de educación a Pedro Oliveira. Este funcionario consideraba que antes que profesores universitarios se necesitaban maestros elementales, y que no debía crearse más universidades ni colegios mientras existieran distritos sin escuelas en el país. En 1940 se instaló una Comisión Reformadora de la Educación y el 01-04-1941 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública N° 9359, mediante la cual el Estado asumía plenamente la responsabilidad de la función de educar.
La educación infantil se empezó a brindar en los Jardines de la Infancia; y la Primaria común, obligatoria y gratuita, con 6 años de duración, en cinco tipos de escuelas: Rural, de Comunidad, Ambulante (en la selva>>), Escuela-Hogar y Urbana. Se planteaba además la alfabetización de los adultos debiendo el Estado y los municipios estimular la creación de Patronatos Escolares. Para trabajar en las Escuelas Normales de la Sierra debía conocerse previamente el quechua, “lengua indígena” de la región.
La educación secundaria, en cinco años, proporcionaba conocimientos generales y de carácter técnico (de acuerdo a las regiones). Se crearon secciones vespertinas y nocturnas, a fin de ampliar los servicios educativos a un mayor sector de la población, sobre todo a la clase trabajadora. La educación técnica comprendió la primaria, secundaria y técnica dirigida particularmente a los obreros. Se consideraba además la existencia de una educación especial para las personas que tuviesen deficiencias mentales.
Mediante la educación normal se promulgaba formar el personal necesario para la educación infantil, primaria y secundaria.
A raíz del golpe de Estado promovido por el general Manuel A. Odría, la certera de Educación fue ocupada por el entonces coronel Juan Mendoza Rodríguez, quien, impulsó y renovó la educación nacional. Para tal efecto, en 1948 se creó un Fondo de Educación y se redactó un Plan de Educación Nacional, el que se aprobó el 13-01-1950.
La creación del Fondo de Educación Nacional, con rentas provenientes de 38 leyes especiales, permitió el desarrollo de una política de construcción de locales escolares (las Grandes Unidades que integrarían la educación primaria, secundaria y técnica surgieron en esta etapa).
El plan conceptualizaba a la educación primaria como una fase educativa antes que meramente instructiva, que comprendía la educación infantil (de 4 a 6 años), la Transición (de 6 a 7 años) y la Primaria (de 7 a 13 años). La misma que se empezó a impartir en escuelas Urbanas y Rurales; particularmente la educación primaria rural, en Núcleos Escolares, Escuelas de Concentración de Comunicaciones y Pre-Vocacionales.
Conviene destacar aquí que los Núcleos Escolares Campesinos, creados por Luis E. Valcárcel en el gobierno de Bustamante y Rivero, fueron afianzados. Se debía educar a los niños para “lo que serán” y a los adultos para “mejorar lo que son”, buscándose una estrecha relación entre la escuela y la comunidad. Estos núcleos funcionaron sobre la base de un acuerdo con Estados Unidos, y el tutelaje extranjero se hizo bastante fuerte. Concluida la ayuda extranjera, los núcleos continuaron funcionando sólo con el financiamiento del gobierno peruano. El acuerdo con los Estados Unidos desapareció en 1962 por disposición del gobierno norteamericano, y fue reemplazado por una misión de Colegio de Profesores de la Universidad de Columbia. Con esta actitud, se golpeó fuertemente a los Núcleos Escolares Campesinos en el aspecto económico.
La vigencia de los Núcleos Escolares Campesinos alcanzó un período de 26 años (1946-1970). Éstos surgieron teniendo como base el Convenio Peruano-boliviano, firmado en Arequipa el 02-11-1945, con la finalidad de buscar y dar solución conjunta al “problema indígena”. Los primeros núcleos se ubicaron en el Altiplano y en el Valle del Vilcanota. De allí se extendieron a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ancash y Loreto, de suerte que en 1870 habían 123 Núcleos que comprendían a 1,565 comunidades rurales, 1,570 escuelas y 3,118 docentes, dentro de una población aproximada de 5000,000 habitantes.
La educación secundaria, en el Plan de 1950, fue considerada como una continuación de los estudios primarios, base de preparación del futuro ciudadano y un ciclo previo para los estudios superiores. La educación técnica fue colocada al mismo nivel que la secundaria, siendo las tres nuclerizadas en las Grandes Unidades Escolares.
En el segundo gobierno de Manuel Prado, la Escuela Normal Central adquirió la categoría de Superior y más tarde se transformó en la Universidad Nacional de Educación “La Cantuta”, surgió así un centro superior, aparte de las facultades de educación de varias universidades, encargado de la formación profesional del magisterio peruano. En agosto de 1956, siendo ministro de Educación Jorge Basadre, se dispuso la realización del Inventario de la Realidad Educativa Nacional. Este inventario, a pesar de las dificultades que se tuvieron para llevarlo adelante, proporcionó cifras y hechos realmente alarmantes, tales como la existencia de un millón de niños sin escolarización, condenados al analfabetismo y la servidumbre, pues no había aulas ni maestros para ellos; así también demostró carencias de aulas, carpetas, material didáctico, etc. Esta cruda realidad quiso ser minimizada, pero en ciertos sectores despertó el deseo de buscar un cambio de las estructuras socioeconómicas y de efectuar una real planificación educativa.
En 1956, producto de las críticas que se habían hecho  a la educación secundaria desde 1941, se designó una Comisión encargada de reformar la educación secundaria, bajo la presidencia de Carlos Salazar Romero. La reforma se efectivizó en 1957 teniendo en cuenta 4 principios: la simplificación de los estudios; la diversificación de los mismos, para atender las necesidades de los educandos; el cambio de la orientación enciclopédica y la tutoría y las actividades curriculares. La secundaria debía darse además en dos ciclos: uno de cultura general, de tres años, y de otro de especificación en letras o ciencias, que durarían dos años.
Sin embargo, en la práctica, continuaba el recargo de materias, el contenido abrumador de los cursos, la diversificación de las asignaturas por sexos: IPM para varones y Económica doméstica para mujeres, y en general la educación siguió siendo instructiva y no formativa. La especificación en ciencias y letras, a partir de 3° año de secundaria, también fracasó. Los padres de familia mayormente eligieron para sus hijos la especialidad de ciencias, en busca de mejorar su status social a través de futuras carreras lucrativas, pero fue poco el éxito que alcanzaron sus hijos al momento de postular a las universidades. En 1969 desapareció esta división en ciencias y letras.
A partir de 1957, la expansión de la política escolar ha sido rápida y violenta, en función a la tasa de crecimiento poblacional. El Informe General de la Reforma de la Educación de 1970 comprobó,
Al analizar el crecimiento de la población estudiantil de la década de 1968 a 1968, que en esta época la población estudiantil primaria casi se había duplicado y la secundaria se había triplicado. Los índices de deserción disminuyeron notablemente y se generó una explosión ascendente de matrículas en colegios y universidades. Pero, aunque parezca paradójico, cada año se arrojaba como “desperdicios” a más de un tercio de millón de alumnos de las escuelas, graduando, al término de la secundaria, sólo el 12% de los alumnos que habían empezado sus estudios de transición. El censo de 1940 indicaba que el analfabetismo llegaba al 57% de la población mayor de 15  años, y el de 1972 comprobó que este porcentaje había bajado al 27%. Sin embargo, en términos absolutos, el número de analfabetos ha ido aumentando, pues si en 1940 teníamos 2070300, en 1972 contábamos con 21|89100. Las cifras son de por sí elocuentes y nos hacen ver la realidad permanente y constante de un vasto sector de nuestra sociedad: el de los sectores campesinos, cuya inaccesibilidad a la educación formal aún no ha sido resuelta en forma definitiva.
b.- La Educación Universitaria: la ley de 1941 mantuvo carácter de universidad Mayor a la de San Marcos y quitó el calificativo de Menores a las demás. Siguieron funcionando en San Marcos cinco facultades: Derecho, Medicina, Letras y Pedagogía, Ciencias y Ciencias Económicas.
El cogobierno fue excluido, pero al finalizar el período de Prado nuevamente volvieron a agitarse tendencias reformistas a través de Luis Alberto Sánchez, posteriormente elegido rector en 1946. Se volvió a plantear el problema del cogobierno estudiantil y el deseo de acercar la universidad a la realidad social del país. En el gobierno de Bustamante y Rivero, y siendo ministro de Educación Luis E. Valcárcel, se promulgó un nuevo Estatuto Universitario, el 24-04-1946, cuyos fundamentos recuerdan los planteamientos de Encinas de definir la universidad como asociación de maestros, alumnos y graduados que debían estudiar, investigar y propagar el conocimiento humano para el desarrollo de la  comunidad en general.
La universidad quedó conformada por: la Escuela Preparatoria; el Colegio Universitario (facultades de Letras y Ciencias fundamentos de adquirir profesión);  las facultades formadoras de profesionales; la Escuela de Altos Estudios, encargada de la investigación científica; y los institutos especializados, dependientes de la escuela anterior y encargada de guiar el aprendizaje en el campo de la investigación.
Se aceptó nuevamente el cogobierno y la participación estudiantil en la proporción de un tercio en todos  los órganos de gobierno universitario se independizó la Facultad de Educación; se propuso el nombramiento de profesores a dedicación exclusiva y, hasta fines de agosto de 1946, se mantuvo vigente el derecho de tacha. Todas estas medidas permitieron un relativo florecimiento de la vida universitaria, el mismo que duraría sólo hasta 1948. Aparte de la Facultad de Educación, surgieron otras como Odontología, Medicina Veterinaria, Química y Farmacia Bioquímica.
Luego del gobierno de Odría, que eliminó varias de las conquistas logradas en el Estatuto Universitario de 1946, en el segundo gobernó de Manuel Prado, el 08-04-1960, se sancionó la Ley >Universitaria 13417. Esta ley, dada de un momento de gran efervescencia política y social, derivada de algunos hachos como la revolución cubana, mantuvo el cogobierno estudiantil, el sistema facultativo y creó el Consejo Interuniversitario como el organismo encargado de realizar tareas de coordinación. Aparte, se declaró como necesidad urgente la edificación de ciudades universitarias.
La Ley 13417 tuvo un claro sentido democrático, el mismo que permitió un buen desarrollo universitario. La década de los 60 y algunos años anteriores fueron testigos de la creación de nuevas universidades así como de la reapertura de la universidad San Cristóbal de Huamanga, en 1957, y del desarrollo de la Universidad Comunal del Centro. De 7 universidades en 1960 llegamos a tener 33 en 1968. Se había generado una inusitada proliferación de universidades y escuelas normales (éstas se elevaron de 14 a 111). Por otro lado, se avanzó definitivamente en la profesionalización del docente universitario al establecerse niveles dentro de la docencia (carrera docente) y tipos diferentes (docentes a tiempo parcial, a tiempo completo y la dedicación exclusiva).
LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN DE 1970 Cuando las fuerzas armadas toman el poder en octubre de 1968, se ingresó a una nueva etapa de la historia de nuestro país, produciéndose asimismo varias modificaciones en el campo educativo.
En 1970 se formó una comisión dirigida por Emilio Barrantes e integrada por Augusto Salazar Bondy, Walther Peñaloza, entre otros, para elborar un Informe General sobre la Reforma de la Educación Peruana. Esta comisión señaló la existencia de diez problemas que caracterizaban a la educación peruana en su conjunto. Ello eran:
-          Analfabetismo creciente.
-          Desatención de los niños de los grupos sociales marginados.
-          Ausencia de un sistema de recuperación.
-          Educación al servicio de la minoría.
-          Desconexión de la realidad.
-          Falta de sentido peruanista.
-          Intelectualismo, memorismo y una tendencia academizante.
-          Rigidez, burocratismo y rutina.
-          Distorsión administrativa y financiera.
El informe elaborado por maestros peruanos se convirtió rápidamente en  la novedad en el mundo intelectual, abriendo un debate sobre la realidad educativa nacional.
La nueva estructura del sistema educativo peruano se patentizó a través del DL 19326 del 21-03-1972. En este dispositivo legal se delimita el siguiente organigrama:
1.       Educación Inicial, para los niños de 2 a 5 años, y proporcionada en nidos, cunas y jardines de la infancia, además de los programas de educación familiar.
2.       Educación Básica:
a.       Regular, con 3 ciclos de 4,2 y 3 grados, respectivamente, en reemplazo de la educación primaria y secundaria.
b.      Laboral, con 3 ciclos de 2, 3 y 4 grados, cada uno, en reemplazo de la educación de adultos y para personas mayores de 15 años.
c.       Educación Especial y Calificación Profesional Extraordinaria, como modalidades especiales.
3.       Educación Superior:
a.       Del primer ciclo, a cargo de las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP).
b.      Del segundo ciclo, a cargo del Instituto Nacional de Altos Estudios (INAE).
EL SISTEMA NUCLEAR. Una de las innovaciones más logradas de las Reforma Educativa de 1970 fue sin duda la formación de los núcleos educativos.
En materia de organización de los servicios educativos, lo que había prevalecido en el país antes de aplicarse la Reforma Educativa fue un sistema caracterizado por dos rasgos fundamentales:
-          Una educación confinada en los recintos de los establecimientos de enseñanza o escuelas, que han funcionado generalmente a manera de enclaves dentro de la comunidad; y
-          Una proliferación de escuelas, desconectadas entre sí, directamente dependientes de la red administrativa del Sector, en sus diferentes niveles, casi siempre en recargado número, incapaz de permitir una afectiva y apropiada dirección.
Algunos programas educativos lograron superar los rasgos antes indicados. En orden cronológico, los Núcleos Escolares Campesinos representaban la experiencia mejor lograda, más extendida y de más larga trayectoria en el país.
Las Grandes Unidades Escolares constituyeron el siguiente intento de innovación para superar el segundo rasgo antes indicado; sin embargo, no se libraron de la primera característica y sus conexiones con la red administrativa centralizada siguieron siendo igualmente inapropiadas. Debería agregarse también que el criterio básico con que se propusieron originalmente (lograr la integración de escuelas por consolidación) no se cumplió en la práctica.
La Reforma de la Educación, para llevar a cabo los fines que se había propuesto, planteó una nueva estructura organizativa de los servicios educativos del país, que respondía apropiadamente al sentido y la escala de acción de la  nueva política educativa nacional.
El cambio de la obsoleta, onerosa e ineficiente organización escolar representaba una de las reformas estructurales de mayor trascendencia entre las previstas por el gobierno, concretamente por la nueva imagen visible que va a brindar de la acción educativa reformada y por el impacto que ésta lograría en la población nacional participante a través de la dinámica de los nuevos contenidos, programas, métodos y procedimientos educativos.
Dos fueron los criterios fundamentales en los que se apoyó el diseño de la nueva estructura organizativa:
-          La obra educativa considerada como función social de responsabilidad comunitaria; y
-          La integración de los centros educativos en redes interconectadas de servicios nuclearizados, con funciones en ámbitos territoriales.
El planteamiento de la Reforma respecto a este punto puede resumirse diciendo que propone un cambio radical al sostener que la responsabilidad de la obra educativa debe volver a las manos de la sociedad como una responsabilidad comunitaria. Esto no significa regresar al modelo arcaico de la educación no institucionalizada, sino proponer la formulación de una nueva institucionalización de los servicios educativos que reemplace la forma tradicional de “enclaves”, que aíslan verdaderas subculturas escolares, por centros de acción educativa a partir de los cuales se dinamice la aplicación de todos los recursos de potencialidad educativa de la comunidad, con la participación y para beneficio de toda la población.
EL REENTRENAMIENTO DOCENTE. La Reforma en su doctrina, en sus fines, objetivos y medios, fue de tal magnitud que exigió un nuevo tipo de maestro; igualmente, requiere de la  infraestructura, el equipo y el material didáctico apropiados.
El cambio de actitudes de los profesores debe corresponder a la nueva orientación que la Reforma inducirá en los alumnos. Éstos deben ser capaces de entender su ubicación y sus responsabilidades dentro de nuestra sociedad; deben ser también capaces de aprender a lograr el conocimiento sobre una base científica experimental y, sólo secundariamente, a través de la información de segunda mano que el maestro o el libro puedan ofrecerles.
La transmisión de la información ha sido considerada como la tarea más importante en la didáctica tradicional, pero la educación preconizada por la Reforma conlleva una orientación radicalmente distinta en el maestro y en la didáctica.
La Reforma exigió no sólo una actualización científica y pedagógica del maestro sino un cambio de actitudes en estricta correspondencia con el nuevo educando que se buscaba formar. Asimismo, se procuró dejar al maestro en condiciones de poder convertir todos los elementos que la sociedad le ofrece en recursos para una autocapacitación permanente.
El reentrenamiento docente fue una empresa gigantesca. Reentrenar a 120,000 profesores en ejercicio implicaba disponer de un conjunto muy grande de entrenadores, de preferencia provenientes del mismo magisterio. A falta de un sistema fidedigno de evaluación del rendimiento de los maestros, la elección de los entrenadores debía ser muy cuidadosa.
Estas operaciones se realizarán rotativamente, por grupos, de acuerdo con la disponibilidad de entrenadores y medios materiales y siguiendo la estrategia de convencional nuevo sistema.
NUEVOS MÉTODOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Necesidad de una renovación en este campo. La Reforma demandaba no sólo Reentrenar a los profesores sino concebir nuevos métodos y preparar materiales de enseñanza adecuados que aquellos puedan emplear en su labor educativa. Al ser reciclados y en su formación regular, los profesores tienen que recibir una sólida formación técnico-pedagógica que les permita familiarizarse con los métodos y materiales existentes y, además, contribuir a mejorarlos y renovarlos en función del sentido y de los fines que la Reforma plantea.
Lo anterior significaba que una parte muy considerable del esfuerzo de la Reforma debía estar dirigido a la evaluación de los métodos y materiales didácticos existentes, a la experimentación de otros nuevos y a la producción de los elementos indispensables para la nueva enseñanza.
Esto implicaba un desarrollo sostenido de la investigación educacional, la cual había sido casi inexistente en el Perú, con grave perjuicio en el avance de la educación. Era preciso enmendar este defecto de nuestro sistema y proponer decididamente el trabajo científico en el campo educacional. De allí la necesidad de contar con un centro de alto nivel especialmente destinado al estudio experimental de los métodos, materiales, currícula y otros elementos educativos. La Reforma propició por esto la constitución de un Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo de la Educación (INIDE) que, en acción paralela a los trabajos realizados dentro del sector universitario, permitió satisfacer las demandas del Estado y de la comunidad toda en materia de nuevas concepciones e implementos educativos.
El Instituto Nacional de Teleeducación, según el diagnóstico y la proyección de metas del nuevo sistema educativo, tanto la educación formal como la extensión educativa tenían apremiantes exigencias de atención cuantitativa y cualitativa.
Para solucionar estos problemas se procedió a construir el Instituto Nacional de Teleeducación, entendido como una metodología técnico-pedagógica que utiliza los medios de comunicación colectiva (TV, radio, audiovisión, cine y prensa) con fines de apoyo al servicio educativo en todas sus formas. Sus modalidades fueron:
LAS UNIVERSIDADES. La ley universitaria de 1960 fue modificada por el DL 17437 del 18-02-1969. Este nuevo dispositivo creó el sistema de la universidad peruana, propugnó la autonomía del sistema, preconizó el carácter nacional y científico que debe tener la institución universitaria y además creó un organismo de control de asesoría y coordinación: el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) en lugar del antiguo Consejo Interuniversitario; y a nivel regional, los Consejos Regionales Universitarios.
Se reemplazaron las facultades por los programas académicos y se crearon los departamentos académicos; se eliminó el cogobierno estudiantil; se establecieron tres niveles de estudios: generales, especializado y de perfeccionamiento, reconociéndose oficialmente 22 universidades nacionales y 12 universidades particulares. El DL 17437 sería complementado, a nivel legal, por el Estatuto General de la universidad peruana y los Reglamentos Generales de cada universidad.
El DL 18326, dado tres años más tarde, siguió hablando del concepto de la universidad peruana, de la integración de cada una de las universidades, las que a su vez gozarían de autonomía normativa, académica, económica y administrativa y de la terea de brindar a sus integrantes un alto grado de preparación científica y técnica para el análisis, estudio y solución de los problemas nacionales. Para completar este cuerpo legal se encargó la redacción del Estatuto General de la universidad peruana a la Asamblea Estatutaria Nacional, tarea que fue cumplida; sin embargo, dicho estatuto no fue aprobado por el gobierno.
En abril de 1976, el CONUP organizó en Lima un Simposium sobre la universidad peruana y la Reforma de la Educación. En este evento, el sector universitario mostró su honda preocupación por situaciones que hacían peligrar la estabilidad de la institución universitaria, ya que el establecimiento de las ESEP y del INAE estaban cercenando dos funciones básicas inherentes a la universidad: la profesionalización y la investigación, respectivamente. La situación continuó sin grandes cambios hasta el fin del gobierno militar, cuando le sucede el gobierno de Fernando Belaúnde.
POLÍTICA EDUCATIVA DEL SEGUNDO GOBIERNO DE BELAÚNDE: 1980-1985
La política aplicada de educación tuvo como base una concepción no estatista, que proponía la participación del sector privado en la promoción de las actividades culturales y educativas.
Así, en los objetivos del plan del sector educación se señala:
-Propiciar el desarrollo y la integración cultural de la nación como base para la configuración de la conciencia y la identidad nacional.
-Incentivar el potencial creativo y crítico de la comunidad nacional.
-Promover y difundir las diversas expresiones culturales, con afirmación de los valores nacionales, orientando la capacidad crítica de los ciudadanos.
Entre las medidas políticas se proponía lo siguiente:
. Establecer una política cultural en base a la amplia participación de las mayorías populares y de la afirmación de nuestras raíces vernáculas y valores nacionales, configurando nuestro ser nacional, sin exclusiones en el contexto del desarrollo universal de la cultura.
. Para ello se replantearía la ubicación, organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Cultura (INC).
El Poder Ejecutivo vía decretos legislativos autorizados por el Parlamento, dio las siguientes normas:
-Decreto Legislativo N°120: Mediante esta norma se convierte al Archivo General de la Nación, de órgano de ejecución del INC, en “organismo público descentralizado dependiente del Patrimonio Documental de la Nación”. Este Decreto Legislativo se promulgó el 12 de junio de 1981.
-La Ley General  de Educación N° 23384: En 1980, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados redactó el anteproyecto de la Ley General de Educación y Cultura. Posteriormente, la Cámara de Senadores modifica sustancialmente el anteproyecto. El 18 de marzo de 1982, con ligeras modificaciones se promulga la Ley N° 23384, Ley de Educación. Según esta ley, “la educación es un proceso permanente que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Se inspira en los principios de la democracia social”.
Referente a los contenidos de la educación, el Artículo 14° señala: “La Educación, en todos sus niveles y modalidades, fomenta el conocimiento y práctica de las humanidades, el arte, la ciencia y la técnica, con la profundidad y extensión adecuada a cada uno de ellos”.
La estructura general del sistema educativo está constituida por niveles y modalidades. Así, el artículo 34° señala que los niveles del sistema educativo vienen a ser etapas graduales, caracterizadas por objetivos propios, de acuerdo al estado de desarrollo de los educandos. Los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional son: Primer nivel: Educación inicial. Segundo nivel: Educación primaria: Tercer nivel: Educación secundaria. Cuarto nivel: Educación superior.
-Ley del profesorado N° 14029: El gobierno de Belaúnde promulga en diciembre de 1984 esta ley, en reemplazo de una anterior norma que durante  el gobierno militar (1980) se dio como Ley del Magisterio, pero que no llegó a aplicarse.
Entre algunos aspectos positivos, la Ley del Profesorado establece la jornada laboral de 24 horas pedagógicas, licencias, subsidios y  gratificaciones de medio haber básico. Sin embargo, esta ley se nota, por otro lado, ciertos vacíos e imprecisiones, no se plantea una escala específica de haberes para los 8 niveles de carrera pública magisterial, con excepción de la remuneración básica del primer nivel. Asimismo, no especifica el derecho a la colegiación del Artículo 13, dificultando por tanto, la aplicación del Artículo 126 de la Ley General de Educación, que dispone la creación de un Consejo Nacional de Educación encargado de evaluar el funcionamiento de la educación y ante este organismo tendría representación entre otros, un delegado del Colegio Profesional que agrupe  a todos los profesores del país.
Asimismo  da luz verde a la reimplantación de las Escuelas Normales suprimidas en el Régimen de Velasco. Es decir, el gobierno de Belaunde buscó la inhibición del Estado en la participación activa del desarrollo educativo del país.
POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO APRISTA: 1985-1990
La política educativa se formuló en términos en los que debería ser orientado su desarrollo y ejecución como un proceso de Reforma Educacional Integral, la misma que definiría finalidades, contenidos, métodos y estructuras curriculares, en todos los niveles y modalidades, a fin de proveer a los estudiantes de la formación y orientación necesarias para su integración plena a la actual sociedad.
Lamentablemente no se llevó a la práctica dicha reforma.
Doctrinariamente, sentar las bases para la construcción de la república de trabajadores manuales e intelectuales, fue el gran desafío para el gobierno de Alan  García.Entre los documentos que trataron de guiar esta política educativa se tiene “La Educación para la Vida”, primer documento que contiene un diagnóstico de la educación. Este documento fue expuesto por el entonces ministro Grover Pango ante las comisiones de Educación, Ciencia y Cultura de las Cámaras de Senadores y Diputados. El cual no se tradujo en ningún dispositivo legal.
Otro documento, “Proyecto Educativo Nacional” (noviembre de 1986), constituye un intento fallido de plasmar la política oficial del gobierno aprista.
También circuló “Política Educativa y Bases para un Sistema Educativo del siglo XXI”, cuando se encontraba en las postrimerías este gobierno.
Entre las principales normas legales que se dieron durante el gobierno de Alan García, mencionaremos:
-DS N° 12-86-ED, que crea las USES.
-Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE) de 1985 y que se implementa en Educación a partir de 1986, según RM N° 31-86-ED.
Según el diagnóstico elaborado en Educación para la Vida, en este gobierno se señala que existe nombramientos de personal docente en Lima con sólo 5° de Secundaria, ausencia de concursos para cubrir plazas directivas y jerárquicas, imprevisibilidad de ceses del personal (6000 al año) y uno de cada cuatro docentes carecen  de título pedagógico.
Así que en 1990, se tiene que uno de cada dos docentes carece de título pedagógico, duplicándose el porcentaje de docentes no titulados en el lapso de sólo 5 años.
El desarrollo de la vida universitaria, sufre modificaciones al promulgarse la Nueva Ley Universitaria N° 23733 el 9 de diciembre de 1983.
Así, el artículo 2° de la Ley señala como fines de las universidades:
-Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales;

PROCENTAJE DE DOCENTES NO TITULADOS
                         PROVINCIAS
                             LIMA
           USE                         PORCENTAJE
         USE                        PORCENTAJE
Huancaveliva                          70%
Ilave                                         75%
Melgar Ayaviri                       75%
Macusani Carabaya              96%
Pachitea                                  57%
Andahuaylas                          55%
Coracora                                 68%
La Merced                              75%
Tambobamba                        95%
Chumbivilcas                         90%
El Agustino                            53%
Huarochirí                             74%
                                       
SJ Lurigancho                        51%
Huaura Huacho                    55%
Lurín                                       80%
Cañete                                   60%
Puente Piedra                      80%
Bellavista                              88%
Rímac                                    40%

                                                                    ( 1 )                                                              ( 2 )
 (1)    Informe de evaluación 1989.                      (2)    Plan Operativo 1990

-Realizar investigaciones en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística.
-Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional, latinoamericana y universal.
-Extender se acción y sus servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral, y
-Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley y el Estatuto.
Una de las modificaciones sustanciales en relación a la anterior norma viene a ser el cambio del régimen académico departamentalizado, al régimen académico por Facultades.
Así el artículo 10° señala: “las Facultades son las unidades fundamentales de organización, formación académica y profesional. Están integradas por profesores y estudiantes. En ellas se estudia una o más carreras, según la afinidad de sus contenidos y objetivos.
Cada universidad regula las relaciones de sus Facultades con las demás unidades académicas dentro del espíritu de la presente ley”.
Referente al régimen de estudios señala preferentemente la adopción del sistema semestral, con currícula flexible y por créditos.





DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
1981, 1985 Y 1990
NIVEL Y MODALIDAD
1981
1985
1990**
TOTAL
181,696
223,841
314,486
ESCOLARIZADO
Educación Inicial
Educación Primaria
Menores
Adultos
Educación Secundaria
Menores
Adultos
Educación Superior
Formación Magisterial
Superior Tecnológica
Artística
Universitaria
Otras modalidades
Educación Especial
Educación Ocupacional
179,492
7,722
89,501
87,017
2,484
54,989
49,675
5,314
20,983
448
4,063
422
16,051
6,294
1,048
5,246
221,174
11,113
106,400
103,852
2,548
69,594
63,691
5,903
26,666
1,608
3,957
430
2,671
7,401
1,773
5,628
309,436
22,271
146,200
146,025
3,175
90,939
83,469
7,470
40,023
2,756
8,891
777
27,599
10,003
2,642
7,361
NO ESCOLARIZADO
Educación Inicial
Educación Primaria
Menores
Adultos
Educación Secundaria
Educación Ocupacional

  769                                                                                                                                                                                    
845
36
809
251
339

1,118
852
44
808
337
360



1,985
1,518
65
1,453
1,028
519


















** Estimado
Fuente: Richard Webb y Graciela Baca: Perú en números 1991.















POLÍTICA EDUCATIVA DEL 1° GOBIERNO DE FUJIMORI: 1990-1995
Los cuatro primeros años del gobierno Fujimorista se caracterizaron por una indefinición de la política educativa a ejecutarse y recién el quinto año, anunció algunas medidas que podrían implementar un cambio de modelo.
 En la Ley Orgánica de Educación y en la nueva Constitución se estableció la nueva orientación del esquema educativo. Así, se refine las responsabilidades del Estado en la Educación Pública, limitando su rol a una función normativa y reguladora. Se estipuló que el Estado debería evaluar la calidad y resultados de la acción educativa.
La primera acción que se plasmó fue la reducción del sector educación. Este proceso drástico redujo al personal a una cuarta parte, quedando casi desmantelado el Ministerio de Educación.
Entre 1992 y 1995 se han licitado 992 obras de mejoramiento de infraestructura, de las cuales 443 en Lima y 549 en provincias. A partir de 1994 se reduce considerablemente el ritmo inflacionario, se anuncia que se pondrá en marcha el Plan de Mejoramiento de la Calidad Educativa en base a préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.


CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL
1981,1985 Y 1990
NIVEL Y MODALIDAD
1981
1985
1990**
TOTAL CENTRAL EDUCATIVOS
Educación  Inicial
Educación Primaria
Menores
Adultos
Educación Secundaria
Menores
Adultos
Educación Superior
Formación Magisterial
Superior Tecnológica
Artística
Universitaria
Otras modalidades
Educación Especial
Educación Ocupacional
29,620
3,514
21,854
21,298
556
3,241
2,720
521
231
40
131
25
25
780
125
655
35,629
35,629
24,695
24,098
597
4,292
3,716
576
311
67
173
25
46
1,015
208
807
47,751
47,751
29,798
29,036
712
6,387
5,610
777
468
94
300
27
47
1,608
324
1,284

PROGRAMA NO ESCOLARIZADO
Educación Inicial
Educación Primaria
Menores
Adultos
Educación Secundaria Adulta
Educación Ocupacional

-
-
-
-
-
-

8,393
7,804
29
357
69
134


17,757
16,536
68
674
284
195
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
-
7,172
11,192


** Estimado
Fuente: Richard Webb y Graciela Baca: Perú en números 1991

En 1995 se aprueba una reorganización administrativa y de funciones del Ministerio de Educación, la que divide la gestión del Ministerio en dos grandes áreas: Viceministerio de Gestión Institucional y Viceministerio de Gestión Pedagógica.
El diagnóstico realizado en noviembre de 1993, concluyó que la calidad de la educación se encuentra en un 35% de su nivel óptimo.
Entre las principales normas legales que se dieron durante el primer gobierno de Fujimori, están:
- DL  N° 699, dado en el año 1991, que establece la “cesión de uso” de los centros educativos estatales a entidades privadas y asociativas, restringiendo la gratuidad de la enseñanza. Dispositivo derogado en 1992.
-DL N° 26011, dado en 1992, relacionado a la municipalización y transferencia de los centros educativos. Este dispositivo es derogado en 1994.
-DL N° 26012, de subvención de alumnos transferidos a otros centros educativos. Este dispositivo es derogado en 1994.
-DL N° 26013, en el año 1992, referente a la calidad de la educación y evaluación de maestros. También derogado por su inoperancia en 1994.
-DL N° 25762, expedido en 1992, constituye la Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
-Decreto de urgencia N° 0894, expedido en 1994, referente a la entrega de un millón de textos escolares a bibliotecas de los centros educativos.

POLÍTICA EDUCATIVA DEL  2° GOBIERNO DE FUJIMORI: 1995-2000
El Ministro de Educación y Presidente del Consejo de Ministros, Dante Córdova, el 22 de agosto de 1995, dando inicio al segundo gobierno de Fujimori, expuso ante el Congreso de la República la Política General que ha de llevarse a cabo hasta el año 2000.
Este plan, denominado “Desafío del Futuro”, plantea una propuesta basada en cinco aspectos:
-          Educación ética.
-          Educación para el desarrollo humano.
-          Educación para el trabajo.
-          Educación para todos
-          Educación concordante con la realidad.
Para la ejecución de esta propuesta han elaborado el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana, que se traduce en las siguientes acciones de política:
-          Revisar y readecuar la formación profesional de los maestros en términos de los programas curriculares.
-          Modernizar el currículo escolar haciéndolo integral, eficiente, pertinente y coherente con el mundo del trabajo y la producción.
-          Adecuar los textos y materiales educativos a cada realidad regional.
-          Otorgar prioridad a la atención de los niños de los primeros grados.
-          Desarrollar un programa nacional de capacitación docente, puesto que la calidad pasa en primer lugar por el maestro.
-          Mejorar la gestión de los centros educativos, para que tengan autonomía en su manejo presupuestal y redefinir la capacidad de gestión de los directores.
-          Modernizar la administración educativa, en la que el Ministerio de Educación recobre su rol conductor.
Todo aparentemente parece que pudiera mejorar el pan educativo, pero la realidad es que una cosa es decir y otra cosa es hacer, supuestamente hubieron buenas intenciones en este aspecto pero no fueron capaces de concretarlo de la mejor forma en la realidad; al igual que el primer gobierno de Alberto Fujimori, hubo incapacidad y falta de mejor dirección en el plano educativo, así es que hay más de lo mismo, realmente no se quiere mejorar la educación en el país, porque no se quiere una población pensante que exija sus derechos. Pero eso sí no nos hagamos los desentendidos, todos somos responsables de las realizaciones, las esperanzas y las frustraciones de nuestra patria.

miércoles, 18 de julio de 2012


1. El aparato fonador
La voz humana es una función secundaria insertada sobre unos órganos fisiológicos con otras funciones primarias: la respiración y la deglución. En esencia, una corriente de aire proveniente de los pulmones va a transformarse a su paso por el aparato fonador, hasta convertirse en sonidos apropiados para la comunicación humana.
El aparato fonador tiene tres partes fundamentales:
1.   Las cavidades infraglóticas (órganos respiratorios)
2.   La cavidad laríngea o glótica (órgano fonador)
Las cavidades supraglóticas (órganos de la articulación
Las cavidades infraglóticas
En las cavidades situadas debajo de la glotis se encuentran los órganos de la respiración: diafragma, pulmones, bronquios y tráquea.
El importante para nuestro propósito es el segundo momento de la respiración: la espiración. Los bronquios y la tráquea son meros tubos de conducción, sin ninguna función lingüística.
 La cavidad laríngea (fonación)
La laringe es una especie de caja cartilaginosa situada al final de la tráquea. Es móvil: puede ascender o descender, aunque su posición habitual es la inferior.
La laringe se compone de cuatro cartílagos:
– Cricoides: es la base, en forma de anillo.
– Tiroides (nuez o bocado de Adán), en forma de escudo.
– Los dos aritenoides, de gran movilidad.
En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son propiamente dos músculos, conocidos también en medicina como repliegues vocales. Están unidas al tiroides y a los dos aritenoides, que se encargan de su movimiento.
La glotis es el espacio triangular que queda entre las cuerdas vocales cuando éstas están abiertas.
Las cavidades supraglóticas (articulación)
Tras su paso por la laringe, la columna de aire (vibrando o no) pasa a la faringe.
En primer lugar, la acción del velo del paladar genera otra gran división de los sonidos articulados:
1.   Orales, si el velo está adherido a la pared faríngea, y el aire pasa por la cavidad bucal.
2.   Nasales, si el velo cierra el paso a la cavidad bucal, y el aire pasa por la cavidad nasal.
3.   Si están abiertas simultáneamente la cavidad oral y la nasal, los sonidos resultantes son oronasales (llamados habitualmente vocales nasales).
La cavidad oral cambia enormemente de forma y tamaño, gracias a la gran movilidad de varios de sus órganos (otros no son móviles).
El paladar tiene dos zonas:
1.   Paladar duro, subdividido en prepaladar, mediopaladar y postpaladar.
2.   Paladar blando o velo del paladar, subdividido en dos zonas: prevelar y postvelar.
La lengua tiene tres zonas:
1.   El ápice o punta.
2.   El dorso o parte superior, subdividido en predorso, mediodorso y postdorso.
3.   La raíz, en el extremo posterior.
Los incisivos superiores e inferiores cierran la cavidad bucal. Los alveolos son una zona de transición entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar.
Los labios poseen una gran movilidad.


La comunicación organizacional

En la actualidad utilizamos el término comunicación para culpar, en muchas ocasiones, el fracaso de una empresa por falta de ésta misma. El éxito de las comunicaciones tecnológicas no se relaciona precisamente con el triunfo de las comunicaciones interpersonales. William Whyte ha denominado al ser humano como “$4.500 dólares / Mes - AQUÍGana dinero completando Encuestas por Internet - Es Fácil y Seguro!hombres organización” justamente por la cantidad de tiempo que cada uno de nosotros para dentro de dichas corporaciones.

Hoy en día la mayor parte de las organizaciones llevan en su estructura el modelo militarista y de jerarquía, lo cual en mi opinión, ha contribuido al fracaso de éstas, ya que no están abiertas al cambio y a escuchar a aquellos quienes no forman parte de las cabezas de la empresa. $99 dólares / Día - CLICK AQUÍGana hasta $99 dólares todos los días completando Encuestas desde CasaTodos estos hechos han conducido a que se brinden pláticas o seminarios sobre organización, sin embargo las personas quienes acuden a ellos creen cambiar sus actitudes ante la empresa, pero en realidad regresan al poco tiempo a ser aquellos que eran en un principio. Las organizaciones sin duda están en un estado de crisis; por ello es importante la comunicación organizacional que según define Thayler como: “aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de la organización”, e identifica tres sistemas de comunicación: operacionales, reglamentarios y de mantenimiento/ desarrollo. La comunicación organizacional brinda información entre los miembros de una empresa que al transmitir un mensaje promueve la comunicación. Existen tres factores que me parece que son clave en la comunicación organizacional:
-Se da en un sistema complejo y abierto que se ve influenciado e influye en el ambiente.
-Conlleva mensajes.
-Implica personas.
Un mensaje se da dentro de cualquier sistema donde exista información. En mi opinión el mensaje que se de es variable la manera en que lo recibe cada individuo, donde el receptor se ve influenciado por el contexto y su cosmovisión. En la “comunicación organizacional es importante el flujo de mensajes en las organizaciones”.
Dentro de las organizaciones hay conjuntos de personas con un nivel jerárquico, el mensaje que pasa de uno a otro de estos individuos va formando una conexión a la que se le denomina red de comunicaciones; “la dirección de la red ha sido tradicionalmente dividida en comunicaciones ascendentes, descendentes y horizontales, dependiendo de quién inicia el mensaje y de quien lo recibe”. En un sistema ciertas partes se ven afectadas por otras, a esto se le llama interdependencia. La conexión que existe entre los individuos que transmiten el mensaje forma una relación; estas relaciones también le conciernen a la comunicación organizacional.
Lecciones de la sentencia de constitucionalidad de la Ley Minera
Los oráculos constituyeron uno de los lugares más importantes para la antigüedad. En ellos se producían revelaciones generalmente ambiguas y enigmáticas y las personas tomaban decisiones para su vida cotidiana individual y comunitaria, política y económica con base en sus designios. Hoy en día no se recurre a los oráculos, pero no por ello nos está negado conocer el futuro, y en él, el buen y el mal devenir.
¿Por qué hablar de oráculos cuando el tema que motiva este escrito es el de la justicia constitucional en el Ecuador? Porque la reciente sentencia de la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley Minera constituye el mejor oráculo para anticipar el destino de los derechos reconocidos en la Constitución de 2008. Empecemos explicitando el designio: ninguno de los derechos relacionados con las nacionalidades indígenas, los campesinos o cualquier comunidad inserta en conflictos socio - ambientales y los de la naturaleza serán justiciables bajo el modelo de justicia constitucional ecuatoriano vigente.
Entendamos qué es lo que ha sucedido. La Ley de Minería fue aprobada sin el requisito que exige la Constitución: consultar sobre la misma a las nacionalidades indígenas, (es decir, consulta prelegislativa sobre materias que los afectan a ellos y a su territorio). Por esta razón, los indígenas demandaron la Ley, argumentando inconstitucionalidad de forma, es decir, que la Ley no nació a la vida jurídica válidamente.
Adicionalmente, ellos y las comunidades de Azuay esgrimieron argumentos de inconstitucionalidad por el fondo, es decir, por el contenido de la Ley que tiene impactos directos en sus derechos. Estos argumentos fueron fortalecidos por varias intervenciones ciudadanas (varias de ellas solicitadas por la misma Corte) provenientes principalmente de sectores en defensa de los derechos al medio ambiente sano y los de la naturaleza.
¿Que tenía que hacer la Corte entonces? Primero determinar la constitucionalidad por la forma, lo cual es lógico, pues primero debe examinarse si el poder Legislativo siguió las reglas del juego que le ordena la Constitución, ya que esas reglas del juego son también un derecho de los ciudadanos. Si es que la Asamblea no sigue las reglas del juego se procede a declarar la inconstitucionalidad de las Leyes y no se analizan las materias que éstas regulan, pues, básicamente no tiene sentido intentar curar al que nació muerto.
La Corte reconoció que la Ley de Minería fue aprobada irregularmente, pues no se realizó la consulta prelegislativa a las nacionalidades indígenas, sin embargo, no decretó su inconstitucionalidad. ¿Cómo es que sucedió esto?, la Corte esgrimió tres argumentos con serias falencias técnicas y graves inconsistencias de interpretación constitucional.
El primero sostiene que la Asamblea Nacional ha tenido que apresurar los procesos de formación de leyes conforme a las Disposiciones Transitorias que trae la Constitución, y que por ello no tuvo tiempo de expedir una ley que regulara la consulta prelegislativa antes de expedir la Ley de Minería, lo cual constituye una situación “extraordinaria” demostrativa de que el “Ecuador atraviesa por un proceso de transición”1, por lo tanto, la interpretación constitucional se resolvió indulgentemente en favor de la mora legislativa.
El segundo, aludiendo a que si bien, una carta enviada por el Ministerio de Minas y Petróleo a la CONAIE invitándole a hacer comentarios al proyecto de ley a través de un correo electrónico, no constituye una válida consulta prelegislativa, si se le parece un poco. Tal argumento, no resiste el menor de los análisis.
Finalmente, y siendo el argumento de mayor gravedad (en el que se asienta nuestro oráculo), la Corte aplicó el “principio de conservación del derecho” o “in dubio pro legislatore” establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales que fue expedida por la Asamblea Nacional y que afirma que las dudas sobre la constitucionalidad de las leyes deben resolverse a favor del querer de dicha Asamblea.
En cuanto a los cargos de inconstitucionalidad por el fondo de la Ley, relacionados con otros derechos en disputa (derechos territoriales de los indígenas, división y jerarquía de leyes, derechos de la naturaleza, etc), la Corte decidió desestimarlos en un breve párrafo en el que acusó a los demandantes e intervinientes de ineptitud al no encontrar suficiente “argumentación jurídica” en sus reclamos. De tal manera, la Corte simplemente no falló sobre el contenido de la Ley y a sus impactos pese a que está facultada para realizar análisis exhaustivos sobre las cuestiones que se le presentan.
Varias son las lecciones aprendidas con esta sentencia. La primera de ellas es que en aras de afirmar la seguridad jurídica y en especial la gobernabilidad del Estado la Corte evitará a toda costa declarar la inconstitucionalidad de las normas.
La Corte ha preferido sacrificar la Constitución en aras de la gobernabilidad, lo cual es demostrativo de una falta grave de independencia del poder judicial en el Ecuador. Téngase presente que el principio “in dubio pro legislatore” fue establecido por la Asamblea Nacional en una Ley de carácter ordinario y es por tanto jerárquicamente inferior a la Constitución, y lo que dice la Constitución en su artículo 427 es, por el contrario, que las leyes “en caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”.
Pero, ¿cuál es la voluntad del constituyente, cuáles son esos principios de interpretación constitucional?, pues los encontramos en el patrón establecido en la misma Constitución respecto del favorecimiento de la duda hacia los más vulnerables, y no son pocos los ejemplos:
  • Artículo 76-5 que trata del derecho al debido proceso: "En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora".
  • Artículo 326-3 que trata de los derechos de los trabajadores: "En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras".
  • Artículo 395-4 que establece el principio in dubio pro natura: "En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza".
  • Artículo 396 que establece el principio de precaución en materia ambiental: "En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas".
Con esto no queremos significar que la Corte no deba tener la capacidad para modular sus sentencias, es decir, para condicionar las normas examinadas a cierta interpretación. Por el contrario, la modulación de las sentencias es una actividad que caracteriza a los tribunales constitucionales latinoamericanos gracias a la cual se garantiza diariamente la protección de múltiples derechos y se armonizan las leyes a los estándares internacionales de protección. Lo que sucede es que si esta actividad se ve condicionada por la duda a favor del legislador, se pervierte la idea misma de “control” constitucional y con ello se da al traste con el efecto de invalidez de los actos normativos impugnados que reconoce la propia Constitución en su artículo 436-2.
La segunda lección se encuentra en la ambigüedad de la decisión constitucional. Una vez que la Corte decidió que la Ley pasaba el examen de constitucionalidad de la forma, debió pronunciarse sobre el fondo y emitir una sentencia completa del asunto. Sin embargo, al omitir fallar sobre el fondo no queda claro si se ha generado una suerte de “cosa juzgada” (ya que no se pueden presentar nuevas acciones “con identidad de sujeto, objeto y acción”) o si ahora que la Ley ha sido validada deben presentarse nuevas demandas en relación con los derechos impactados (y esperar otro año más a que la Corte las resuelva mientras la libre prospección y la minería a gran escala se consolidan en el país).
La tercera lección se halla en la esfera de participación ciudadana en el Control Constitucional. La Corte decidió no pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por los intervinientes que ella misma solicitó por encontrarlos “carentes de argumentación jurídica”, sin indicar de manera precisa las carencias encontradas. Esta actitud hacia los intervinientes hiere profundamente el derecho de intervención ciudadana en las instancias judiciales, máxime cuando al revisar las intervenciones realizadas en este caso, encontramos documentos juiciosamente fundamentados.
Así como en las sentencias se describen los argumentos de los demandantes y de los demandados para luego proceder al ejercicio de su valoración y de ponderación de los derechos, de la misma manera debe procederse frente a lo expuesto por los intervinientes, pues los asuntos constitucionales tienen un carácter de interés público y son un importante eje del ejercicio democrático de los derechos. El salvamento de voto realizado por la Dra. Nina Pacari, constituye un impecable ejemplo de técnica constitucional al realizar un examen de los argumentos de los demandantes, demandados e intervinientes involucrando materias fundamentales para la nueva realidad constitucional del país: lo intercultural y lo plurinacional.
Estas lecciones podrían llevarnos a concluir que es inútil e infructuoso recurrir a la jurisdicción constitucional en el Ecuador y que sólo cobra sentido recurrir a ella para dejar constancia histórica de las inequidades y agotar los mecanismos internos para acceder a instancias internacionales de derechos humanos. Sin embargo, constituye un reto para nosotros resistir al presagio del oráculo y edificar otro destino. El desolador panorama de esta Corte Constitucional no debe menguar nuestra fe en la justicia prometida en la Constitución de 2008.
Eventualmente una activación masiva de los mecanismos de protección constitucionales (acciones de protección, por incumplimiento, de inconstitucionalidad, intervenciones ciudadanas, amicus curiae, etc) podría persuadir a los magistrados a cumplir con su rol de guardianes supremos de la Constitución y con el tiempo, salvamentos de voto como el realizado por la Dra. Pacari -que acogen los valores del carácter plurinacional del Estado-, podrían pasar a ser el voto de la mayoría consolidando así un organismo constitucional apto, probo e independiente.

Reglamento del Proceso Disciplinario para Estudiantes





Oro o agua


La oposición entre inversión minera y comunidades campesinas vuelve a encender la zona del altiplano peruano, en una virtual reedición de los acontecimientos novelados -con base real- por el célebre escritor peruano Manuel Scorza.

Esta vez son los habitantes de la zona cercana a un proyecto aurífero valorado en 4.800 millones de dólares quienes se movilizan para tratar de impedirlo, debido a los efectos negativos que tendría, según argumentan, sobre sus suministros de agua.

El mes pasado hubo una erupción de protestas campesinas que incluyeron el bloqueo de caminos y la destrucción de equipos industriales. Las manifestaciones volvieron a brotar la semana pasada y se extendieron a la misma ciudad de Cajamarca, con cierres de negocios y concentraciones en plazas públicas.

El proyecto Conga es una extensión de la mina de oro a tajo abierto de Yanocha, la más grande en Latinoamérica. La oposición campesina al plan representa el primer reto importante al Presidente Ollanta Humala, quien busca fomentar la industria minera del país.

Humala asumió la presidencia en julio tras prometer a las mismas personas que protestan ahora contra Conga que él daría prioridad al agua potable sobre la extracción de minerales. Y así lo reiteró durante un acto de campaña que ahora recuerdan los opositores a la mina.

"Porque ustedes no beben oro, no comen oro, con respecto a la minería se va a respetar las actividades de las agricultura, la ganadería", dijo entonces.

Una vez que asumió el poder, la disyuntiva que enfrenta el Mandatario peruano surge de un cruce de promesas. Si bien afirmó que respetaría los recursos naturales, especialmente el acceso al agua, por sobre las necesidades mineras, también se comprometió durante su campaña a elevar las pensiones, aumentar el salario mínimo, elevar las inversiones en Educación y Salud y a expandir la electrificación rural, entre otras demandas sociales.

Para financiar esos programas, consiguió que la industria minera aceptara un impuesto sobre las ganancias que aportaría más de 1.000 millones de dólares al año.

"Es obvio que en esa negociación las empresas no dan un aporte gratis", apunta Carlos Monge, director para Latinoamérica de la organización sin fines de lucro Revenue Watch Institute, basada en Nueva York.

“(El proyecto) es un tubo de ensayo sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de Humala con los empresarios mineros", añade Julia Cuadros, directora ejecutiva de Cooperacción, una organización que promueve desarrollo sostenible. Y explica que si Conga es suspendido, la confianza de los inversionistas se deterioraría, causando el colapso de la agenda social de Humala.

Lagunas amenazadas

La oposición local al proyecto es intensa y es encabezada por funcionarios locales. Los críticos dicen que un estudio de impacto ambiental que fue aprobado el año pasado no responde adecuadamente a los potenciales daños que provocaría río abajo el cavar minas a cielo abierto en las laderas de la zona, que se encuentran sobre un importante acuífero.

"Van a desaparecer las principales lagunas de la región que son las ultimas que quedan para poder abastecer en los próximos años a la expansión urbana", afirma el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

No sólo serán afectados los alrededor de 7.000 habitantes del área inmediata, sino también decenas de miles de campesinos en los valles cercanos.

Santos añadió que también están en riesgo probables fuentes de abastecimientos de agua para programas de forestación y agroecológicos.

Según el proyecto -que abarca una superficie de 2.000 hectáreas en un área donde nacen dos ríos- cuatro reservas de agua artificiales reemplazarán a cuatro pequeños lagos de montaña que van a ser desplazados.

La mayor reserva se usará para extraer el metal de la roca triturada y cubierta de cianuro, y será colocada tras barreras que impidan la contaminación.

Los otros tres embalses aumentarían a más del doble el agua almacenada y a disposición de las comunidades vecinas, afirma Omar Jabara, portavoz de Newmont Mining Corp, la compañía estadounidense que tiene 51% de la propiedad del proyecto.

Yanacocha otra vez

Jabara asevera que la compañía está haciendo todo lo posible para que el proyecto no dañe el ambiente y agrega que Conga no puede ser exitoso si afecta adversamente las reservas de agua.

Pero los ambientalistas dicen que eso es exactamente lo que sucedió con la mina de Yanacocha, que comenzó a operar en 1993 y produjo tres millones de onzas de oro en su mejor año.

Incidentalmente, es esa misma localidad la que Scorza describe en su libro "La tumba del relámpago". En él alude, en un contexto que mezcla realismo y mito, al conflicto que lleva décadas entre comunidades indígenas y grandes compañías.

Según organizaciones defensoras del ambiente, las regulaciones de protección de agua en Perú permitieron a la mina contaminar las vías fluviales. Agregan que el proceso regulatorio favorece a los mineros, porque el Ministerio de Minería tiene siempre la última palabra en los estudios de impacto ambiental.

"Eso no lo tienes en Chile ni en Colombia ni Ecuador", denuncia Manuel Glave, un respetado economista de Lima.

El ministerio del Ambiente hace recomendaciones en el proceso, pero no ha emitido comentarios sobre el proyecto Conga, según la agencia AP.

Perú tiene actualmente más de 60 disputas sobre el impacto de la minería en las reservas de agua, de acuerdo con la oficina del defensor del pueblo.

Los problemas de credibilidad de Conga se derivan de la conducta previa del consorcio de Yanacocha, que incluye a la compañía peruana Buenaventura Mining Co. y la International Finance Corporation, describen analistas.

En 2000, un derrame de 152 kilos de mercurio atribuido a un contratista de Yanacocha causó problemas de salud a centenares de personas. Líderes comunitarios se quejaron, además, de que sus fuentes de agua se estaban secando o contaminando.

El consorcio también enfrentó protestas al comenzar perforaciones exploratorias en el vecino cerro Quilish, y tuvo que abandonar ese proyecto luego de quejas de que afectaría directamente el agua de la capital regional
El 61% de los ingresos de Perú provienen de sus exportaciones mineras. El actual auge en los precios de los metales ha alimentado un crecimiento anual de 7% en el último decenio, y Humala heredó un país con más de 40.000 millones de dólares en inversiones en minería que están a la espera de lo que ocurra en el actual conflicto entre el oro y el agua.

http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/11/26/514428/oro-o-agua-el-dilema-de-altiplanicies-peruanas-np-finde.html



martes, 17 de julio de 2012



Lingüística y educación.-
Una de las principales preocupaciones de Arguedas fue el de legitimar el estatus del idioma quechua. Unos de los problemas era el de la castellanización y la alfabetización en un país plurilingüe, debido a la gran influencia del quechua sobre los mestizos e indios y a la dura imposición del castellano, que incluso al ver que no asimilaban el idioma reprimía avergonzándolos. Así, la escuela en vez de ser un ente unificador, era todo lo contrario. Arguedas propone un método cultural, donde lo persuasivo y lo gradual estén simultáneamente corrigiendo este problema, y así el aprendizaje castellano no solo sea asimilado de manera superficial, sino que lo internalicen como si fuera parte de ellos. También ver el quechua, no solo como un medio para alcanzar la castellanización, sino un medio de expresión suficientemente adecuado y vasto para el desarrollo pleno de las poblaciones monolingües.  El quechua y el aimara han demostrado contar con recursos lexicográficos suficientes para expresar conceptos muy elaborados.